Esta ley un memoria democrática Tomar como referencia las luchas individuales y colectivas de hombres y mujeres en España por conquistar derechos, libertades y democracia.
La ilegalización del franquismo, la elaboración de un mapa con la localización de personas desaparecidas o la creación de un banco de ADN con todas las víctimas son algunas de las muchas novedades que tiene en mente esta ley.
El franquismo, así como las sentencias de todas sus cortes, son declaradas ilegales por la nueva Ley a memoria democrática. Esta es una de las muchas novedades que contiene el texto aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados.
Desde el inicio de su andadura, uno de los grandes objetivos del Gobierno de coalición ha sido mejorar la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Ejecutivo de Zapatero en 2007. El texto debatido en la Cámara Baja deberá pasar ahora al Senado donde puede. sufrir algunos cambios.
Redefinir el concepto de víctima
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La Ley de Memoria Democrática redefine el concepto de víctima, al incluir a toda persona “que haya sufrido, individual o colectivamente, un daño físico, moral o psíquico, un daño patrimonial o un daño sustancial en sus derechos fundamentales” como consecuencia del franquismo.
El franquismo, así como las sentencias de todas sus cortes, son declaradas ilegales por la nueva Ley de Memoria Democrática. Esta es una de las muchas novedades que contiene el texto aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados.
Desde el inicio de su andadura, uno de los grandes objetivos del Gobierno de coalición ha sido mejorar la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Ejecutivo Zapatero en 2007.
El texto debatido en la Cámara Baja ahora deberá pasar por el Senado donde podría sufrir algunos cambios.
Redefinir el concepto de víctima
La Ley de Memoria Democrática redefine el concepto de víctima, al incluir a toda persona “que haya sufrido, individual o colectivamente, un daño físico, moral o psíquico, un daño patrimonial o un daño sustancial en sus derechos fundamentales” como consecuencia del franquismo.
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Así, exiliados, enviados a campos de trabajos forzados, participantes en guerrillas antifranquistas o represalias por su condición sexual, serán algunas de las muchas causas por las que pueden ser catalogadas como víctimas.
Una búsqueda activa de personas desaparecidas
A través de la nueva ley, el Estado mantiene un rol activo en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Se estima que alrededor de 114.000 personas se encuentran desaparecidas por estas circunstancias.
Para ello, la normativa prevé la elaboración de un mapa con la localización de las personas desaparecidas, que incluirá fosas comunes.
También, la creación de un banco estatal de ADN de las víctimas del régimen franquista para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de los restos. Además, se compilará un censo de nombres de víctimas fallecidas y sobrevivientes.
La ley de amnistía sigue en vigor
Una de las principales controversias que suscitó esta nueva ley fue a qué se refería la Ley de Amnistía de 1977. Dicha norma, que en su momento pretendía sacar de prisión a los presos políticos, para un buen sector de la izquierda terminó convirtiéndose en una ley de olvido. y perdonar los crímenes de Franco.
Por ello, en el seno de la Comisión Constitucional donde se aprobó el proyecto de ley, ERC solicitó la derogación de esta Ley de Amnistía.
Sin embargo, el Gobierno en el nuevo texto considera que esa ley ha sido una «reivindicación histórica de la oposición antifranquista», ya que amnistía «todos los delitos de intención política y los delitos de naturaleza laboral y sindical».
Eso sí, la nueva ley señala la necesidad de “garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario”.
Por tanto, todas las leyes españolas, incluida la de Amnistía, están sujetas al derecho internacional. Así, todos aquellos delitos que no pueden ser amnistiados como los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio o la tortura podrían ser juzgados.
Acceso público a documentos franquistas
A partir de la entrada en vigor del reglamento, en el plazo de un año, se promoverá la modificación de la Ley franquista de Secretos Oficiales de 1968.
El objetivo es garantizar el acceso gratuito, ilimitado y universal a todos los documentos que atesora el Estado franquista.
En este momento, la norma no menciona a la Iglesia Católica, que aún alberga información vital de muchos delitos cometidos, como casos de robo de bebés.
Investigar crímenes posteriores a 1978
Uno de los cambios más importantes, que el Gobierno acordó con Más País y EH Bildu, es la creación de una comisión de investigación para averiguar si se cometieron violaciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
De esta forma, pretende reparar el daño causado al pueblo que luchó “por la consolidación de la democracia”.
Sin embargo, las víctimas de este periodo no pueden ser consideradas víctimas del franquismo, por lo que sólo pueden estudiarse sus denuncias, ya sean por tortura, asesinato o desaparición.
Así, la comisión podrá investigar todo lo ocurrido a las víctimas de los GAL, el grupo terrorista con el que el Gobierno de Felipe González libraba la guerra sucia contra ETA.
Crear lugares de memoria democrática
El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros. Esta medida forma parte de un conjunto de espacios para fomentar la memoria democrática.
Así se revelarán las circunstancias de su construcción y su significado. A su vez, allí solo podrán descansar los restos de los fallecidos a consecuencia de la guerra, por lo que se reubicarán los restos que ocupen un lugar destacado, como es el caso de la tumba del falangista José Antonio Primo.
En la misma línea, se convertirán en lugares de memoria: el Fuerte San Cristóbal, prisión franquista ubicada en Pamplona, o el Palacio de la Cumbre en Donostia, lugar utilizado por los GAL para torturar y asesinar a Joxean Lasa y Joxi Zabala. .
Asimismo, se actualizarán los contenidos de la asignatura de Historia de la ESO, FP y Bachillerato para dar a conocer la represión sufrida en esos años, además de la difusión de los valores y libertades democráticas.
Reconocer el papel de la mujer.
Por primera vez se pone especial énfasis en la figura de la mujer. Como indica el artículo 11, la ley reconocerá a todas aquellas mujeres que tuvieron un papel activo en la vida intelectual y política durante los años de la Guerra Civil y la dictadura.
Además, la ley busca reparar el daño causado a todas las víctimas que, como madres, compañeras o familiares de los asesinados o vengados, sufrieron alguna forma de privación de libertad o de derechos por parte del régimen.
EL POZO: ESPAÑA PÚBLICA
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