Los inmigrantes pueden ser expulsados a España cuando cometan delitos muy graves o conductas graves, establecidas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que son las siguientes: estancia irregular en territorio español; trabajar en España sin autorización; la ocultación dolosa o falsedad grave en cumplimiento de la obligación de comunicar a las autoridades competentes los cambios que afecten a la nacionalidad, el estado civil o la residencia, así como la falsedad en la declaración de datos obligatorios para la cumplimentación del asiento en el padrón municipal; la participación del extranjero en actividades contrarias al orden público; entre otros. También es causa de expulsión, cuando el extranjero haya cometido delitos que conlleven pena privativa de libertad dentro o fuera de España, salvo que se hayan cancelado los antecedentes penales.
¿Cómo se lleva a cabo la expulsión?
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La expulsión se tramitará a través de un procedimiento administrativo, en el cual se emitirá una resolución y se le notificará al inmigrante, tendrá un plazo para salir del país voluntariamente, entre siete y treinta días, el plazo correrá desde la notificación, este plazo puede prorrogarse dependiendo de las circunstancias de la persona o caso específico, tales como residencia, vínculos familiares y sociales, o tener hijos a cargo de la escuela. Si el extranjero no saliera voluntariamente en el plazo fijado, se iniciará la salida forzosa, la policía procederá a su detención y traslado al punto de salida. Si la expulsión no puede efectuarse dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento de su detención, la autoridad competente solicitará al órgano judicial el ingreso del extranjero a un centro de detención hasta por sesenta días.
Desde el momento de la iniciación de un procedimiento disciplinario en el que pueda proponerse la expulsión, el juez, a fin de asegurar la resolución definitiva que pudiera recaer, puede adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares:
- Presentación periódica a las autoridades competentes.
- Residencia obligatoria en un lugar determinado.
- Retiro del pasaporte o del documento que acredite su ciudadanía, previo a la entrega al interesado del recibo que acredite esta medida.
- Prisión preventiva, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un plazo máximo de 72 horas antes de la presentación de la solicitud de ingreso. En cualquier otro caso de detención, la disposición judicial se hará en un plazo no mayor de setenta y dos horas.
- Prisión preventiva, previa autorización judicial en los centros de internamiento.
- Cualquier otra medida cautelar que el juez estime procedente y suficiente.
Efectos de la expulsión
A causa de la expulsión, el extranjero no podrá solicitar autorización para permanecer legalmente en España, no podrá entrar en territorio español ni en otros países con los que España tenga firmado un convenio al respecto; la prohibición de entrada no excederá los cinco años, a menos que la persona represente una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o la salud pública, la entrada puede prohibirse hasta por diez años; La prohibición de entrada en territorio español se hará constar en un informe del Comisario General de Inmigración y Fronteras.
¿Quién no puede ser expulsado del territorio español?
No serán expulsados los extranjeros que se encuentren en los siguientes casos:
- Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años.
- Residentes de larga duración. Antes de tomar la decisión de expulsar a un residente de larga duración, se debe tener en cuenta la duración de su residencia en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y sus familiares, así como los vínculos con el país. al que serás expulsado.
- Los que eran españoles de nacimiento y perdieron la nacionalidad española.
- Quienes sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional acaecida en España, así como quienes perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación de ayuda económica pública a – y lograr la inserción o reinserción social o laboral.
- El cónyuge del extranjero que se encuentre en una de las situaciones anteriores y haya residido legalmente en España durante más de dos años, ni sus ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no sean objetivamente capaces de sostener sus propias necesidades por de su salud, quien los atiende.
- Cuando se trate de la no devolución del extranjero para ser amparado por un mecanismo de protección internacional, o afecte a mujeres embarazadas, cuando la medida pueda presentar un riesgo para el embarazo o la salud de la madre.
- Cuando el extranjero sea procesado o imputado en un proceso judicial por un delito grave o menos grave para el cual la Ley prevea una pena privativa de libertad menor de seis años u otra sanción.
No obstante, en el caso de delitos, el juez puede autorizar, a petición del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del territorio español. Cuando el extranjero, residente o no, haya sido condenado por las conductas delictivas previstas en el Código Penal, en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del mismo: tráfico ilegal de mano de obra, o contratación de personas mediante ofertas de trabajo engañosas, o extranjeros sin permiso de trabajo. ; simulación de contrato de trabajo; El que ayude a otra persona a entrar ilegalmente en territorio español. La expulsión tendrá lugar cuando se haya cumplido la pena privativa de libertad.
Expulsión de residentes de larga duración de la Unión Europea
En el caso de expulsión de un residente de larga duración de otro Estado de la Unión Europea que se encuentre en España, la expulsión se realizará cuando cometa alguno de los siguientes delitos:
- El incumplimiento de las medidas impuestas por razones de seguridad pública, presentación periódica o distancia a las fronteras o núcleos de población que se especifiquen individualmente.
- Se considera grave la participación del extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público.
- Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países o realizar actividades muy graves contrarias al orden público.
- Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o como parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en él.
Si la persona no es expulsada del territorio de los países miembros de la Unión, se realizará en el país que reconoció la residencia de larga duración. Cuando España decida expulsar a un inmigrante que tenga una residencia de larga duración y que sea beneficiario de protección internacional reconocida por otro Estado miembro de la Unión Europea, las autoridades españolas de inmigración competentes solicitarán información a las autoridades competentes de dicho Estado miembro respecto de si se mantiene dicha condición de beneficiario de protección internacional; si el residente de larga duración continúa siendo beneficiario de protección internacional, será expulsado a ese Estado miembro.
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