Ponentes de primer nivel y un debate en profundidad sobre el envejecimiento de la población activa y su efecto sobre el sistema de pensiones han aportado numerosas propuestas y diferentes enfoques a este problema común.
José Antonio Herce, Santos Ruesga, Antonio González, Rafael Domenech y Javier Dez han ofrecido sus puntos de vista en la primera sesión de estos días, inaugurada por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y moderada por el director general de la Instituto Nacional de Seguridad Social, Gloria Redondo.
La primera vuelta ha sido para José Antonio Hercédoctor en Economía, profesor de la UCM, socio analista de AFI y miembro del Foro de Expertos de BBVA en una ponencia centrada en trabajar más allá de la jubilación. Para situarlo ha dibujado el nuevo marco demográfico en el que la esperanza de vida es cada vez mayor y cada vez mayor, unido a un aumento de la calidad de vida en esos años de vejez, por lo que ha insistido en la necesidad de dotar de actividad en esos años. , para aprovechar el talento senior y ha recordado que la jubilación es un derecho, no una obligación.
En ese sentido, Herce ha hecho un llamado a desterrar prácticas como la jubilación anticipada y la jubilación forzosa, ha abogado por la compatibilidad salario/pensión, fomentando oportunidades para los seniors, o eliminando las barreras culturales, regulatorias y corporativas que les impiden aprovechar el talento senior.
Entonces es el turno de Santos Miguel Ruesga BenitoDoctor en Economía y Catedrático de Economía Aplicada de la UAM que ha disertado sobre â € œLa Financiamiento para Adultos Mayores ¿Del Ahorro Público al Ahorro Privado?
Un trabajo en el que ha recordado que los sistemas de pensiones están en constante reforma y debate porque cada vez cubren más necesidades temporales de las inicialmente previstas. Continuó señalando que la demografía no es el único aspecto que afecta la sostenibilidad de las pensiones, y ni siquiera tiene una única interpretación posible, por lo que llamó a alejarse de posiciones. milenarios y catastrofistas sobre el futuro del sistema de pensiones.
Respecto a las últimas reformas adoptadas, se ha mostrado partidario de acabar con las de 2013 que introdujeron el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP), “Refrenado por el propio gobierno, que lo aplicó ante la falta de apoyo social”..
En cuanto a la posibilidad de explorar nuevas vías de financiación a través de distintas fórmulas de capitalización, Ruesga se ha opuesto a considerar que estos sistemas no son complementarios, sino que “compiten con los sistemas públicos de reparto, generan pobreza y desigualdad, y son activos no rentables para el ahorro familiar..
Una desigualdad que, a su juicio, también la provocan los modelos de cuentas nocionales, aunque sigan siendo sistemas de distribución.
Antonio González, Rafael Domenech y Jorge Díez cierran
Entonces es el turno de antonio gonzalez gonzalezes licenciado en Económicas y actualmente es coordinador de la Secretaría de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de la UGT, entre otros cargos.
Su artículo, titulado “Dos apuntes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y el mantenimiento del empleo de los trabajadores maduros” ha abogado por la sostenibilidad del sistema sin necesidad de la aplicación del IRP con la adopción de medidas correctoras del déficit actual. Para defender esta tesis se ha basado en dos estudios recientes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y un estudio de la Subdirección General de Análisis Económico y Financiero de la Seguridad Social que coinciden en que con estas modificaciones, y a pesar de manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones con su revalorización anual según el IPC, en 2050 el gasto en pensiones relativo al PIB se mantendrá dentro de límites razonables, con 11 países europeos con un mayor porcentaje de gasto.
En cuanto a los correctivos que se deben tomar, asegura que deben incidir en el déficit actual de la Seguridad Social. Estas medidas incluirán permitir que la Seguridad Social tenga cotizaciones por desempleo que arrojen un superávit de unos 8.000 millones de euros, y exonerarla de gastos que no le corresponden, como los gastos de gestión y determinadas reducciones, bonificaciones y ayudas relacionadas con las políticas de empleo. que, a su juicio, deben ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado.
Medidas que no eliminarán el déficit “pero pásalo a la Administración correspondiente, que tiene margen de maniobra adecuado para tomar las medidas necesarias para detenerlo”.
En cuanto al shock demográfico que supondrá la jubilación de la generación del baby boom, recordó que su efecto será acotado en el tiempo y que existen factores, como indican los citados estudios, que podrían mitigar sus efectos como un aumento de la productividad. , un aumento de la natalidad, un flujo migratorio positivo, etc.
El siguiente orador fue Rafael Doménechjefe de Análisis Económico de BBVA Research y Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universitat de València, quien comenzó su intervención destacando el papel fundamental del sistema público de pensiones como pilar fundamental del estado del bienestar y reafirmando que es perfectamente viable y sostenible en la medida en que se adapte a los cambios sociales y demográficos.
En cuanto a las soluciones a los desafíos que enfrenta el Sistema, su posición ha sido diametralmente opuesta a la de los expertos anteriores, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de la PIR que considera aportará transparencia, equidad y sostenibilidad al Sistema y que permitirá revalorizaciones adecuadas si las cuentas lo permiten. A su juicio, el debate entre suficiencia y sostenibilidad no existe, ya que sin sostenibilidad no hay suficiencia.
Entre las propuestas que defiende Domenech, además de mantener las reformas de 2011 y 2013, se encuentran reducir la dualidad y aumentar el empleo y la productividad y con ello los salarios; introducir nuevas medidas paso a paso para aumentar la contributividad y eficiencia del sistema; sustituir las reducciones de cuotas por otras políticas de empleo; la convergencia de los regímenes especiales con el régimen general; conciliar pensión y trabajo al 100%; implementar una edad de jubilación flexible por encima de un mínimo creciente; adaptar las pensiones de supervivencia al cambio social y las medidas antifraude.
Pero su principal apuesta se ha basado en la posibilidad de pasar a un sistema mixto en el que la parte de distribución se basa en cuentas individuales/nocionales a lo que se suma un sistema de capitalización de adhesión automática con aportaciones de trabajadores y empresas (como en Estados Unidos). Reino). Este sistema debe garantizar la portabilidad a través de la administración pública, blindaje de la pensión mínima, etc. Un modelo muy inspirado en el implementado en Suecia donde la transición duró 15 años.
El cierre ha sido realizado por Javier Díaz Giménez, catedrático de Economía del IESE con la propuesta más transgresora: la reinvención total de las pensiones españolas. Su presentación ha comenzado dando razones a todos los participantespero solo a medias y ese es el problema, sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones, hay muchas verdades a medias†lo que a su juicio hace necesaria una reinvención completa porque considera que el pacto actual no es creíble y las “soluciones mágicas no funcionarán”.
Basa su propuesta en 6 principios: universalidad, solidaridad, contributividad, flexibilidad, sostenibilidad y credibilidad.
El nuevo sistema sustituirá los distintos regímenes y regímenes especiales por un régimen único, obligatorio y universal, en el que se atenderán las necesidades de los colectivos especiales en los correspondientes convenios laborales, con aportaciones a las mutualidades como ahorro complementario.
En cuanto a los beneficios a distribuir consistirían en una tabla de entrega básica universal organizado en un sistema de cuentas nocionales; uno pensión prima capitalizada también universales y debidamente administrados y supervisados, asegurados por la Agencia de Pensiones; planes complementarios de empleo para mutualistas y colectivos con necesidades especiales y un pensión mínima garantizada.
