La directora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Soledad Serrano Ponz, ha participado esta mañana en Bruselas en la primera sesión del Consejo de Gobierno de la Autoridad Laboral Europea. Es una nueva agencia comunitaria diseñada para promover la movilidad laboral justa dentro de la Unión Europea.
Esta mayor movilidad laboral ha provocado también un aumento de los casos de fraude contra los derechos de los trabajadores, lo que ha llevado a la necesidad de mejorar la cooperación entre Estados en casos de fraude transnacional. La creación de la Autoridad Laboral Europea responde a esta necesidad.
En la sesión inaugural, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, destacó el hecho de que alrededor de 17,5 millones de ciudadanos europeos viven o trabajan actualmente en un Estado miembro distinto al de origen: dos veces hace una década. Al mismo tiempo, millones de empresas operan a través de las fronteras.
El Gobierno español ha apoyado decididamente la creación de esta agencia, en la medida en que potencia el proyecto constructivo europeo y su dimensión social. Según el director de la Agencia Estatal, la nueva Autoridad Laboral Europea «reforzará la cooperación en la lucha contra el fraude transnacional en el ámbito social, fomentando la protección de los derechos de las personas que transitan por el territorio comunitario, la competencia leal entre empresas y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Socialâ €.
OPERACIÓN
La Autoridad Laboral Europea, cuyo Reglamento fue aprobado el pasado 20 de junio, tendrá su sede en Bratislava (Eslovaquia) y desempeñará tres tipos de funciones.
En primer lugar, se encargará de promover la movilidad laboral intereuropea facilitando el acceso a información y servicios a empresas y trabajadores sobre sus derechos y obligaciones a la hora de desplazarse dentro de Europa.
En segundo lugar, reforzará la cooperación entre los Estados miembros en la aplicación del Derecho de la Unión dentro de su ámbito de aplicación, incluida la facilitación de inspecciones concertadas y conjuntas, así como la lucha contra el trabajo no declarado.
Finalmente, mediará en la búsqueda de soluciones en casos de resolución de conflictos de competencia entre Estados.
La nueva Autoridad tendrá una estructura permanente que, cuando alcance su plena capacidad operativa, contará con una plantilla aproximada de 140 personas. Cada país designará un oficial de enlace para asistir en la coordinación de las inspecciones que involucren a varios Estados de la Unión.
