Una de las cosas que mejor define a nuestro país es una confianza casi ciega en el sistema público de pensiones.
Esta afirmación se basa en las conclusiones de varios estudios como el elaborado por la aseguradora Aegon en 2016 -con la Seguridad Social en déficit y en pleno debate sobre la sostenibilidad del Sistema- que refleja que el 64% de los ciudadanos españoles cree que las pensiones públicas serán su principal fuente de ingresos cuando se jubile. El promedio de los 15 países que integraron el estudio fue de 46%.
Una reputación construida en 40 años, que cumple con los Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, de ordenación institucional de la Seguridad Social, la sanidad y el empleoy que se basa en las certezas que ofrece un sistema que ha sabido adaptarse a las necesidades y cambios de la sociedad española, que ha sabido transmitir a los ciudadanos que, ante las diversas contingencias que pueden surgir a lo largo de la vida, el Sistema responder.
En el momento de escribir, Adolfo Jiménez fue funcionario de la Dirección General quien redactó este Real Decreto-Ley. Luego han sido muchas cosas, Director General de Planificación Económica y Secretario General de la Seguridad Social durante 10 años. Más tarde, el secretario general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS). Pocas personas tienen una visión más clara de cómo se construye un modelo de protección social.
Hablamos con él. Nos cuenta que a mediados de 1978, había problemas para pagar las pensiones en una provincia porque una mutua no tenía los recursos para hacerles frente, mientras que en otra provincia había excedentes. El sistema tenía los recursos pero la gestión era ineficiente.
En su momento, aprobar un Real Decreto-Ley era â € œrelativamente simpleâ €. Los expertos en mutualismo coincidieron en que la reforma era absolutamente esencial. La Constitución estaba a la vuelta de la esquina y el equipo comandado por el entonces Director General de Personal y Gestión de la Seguridad SocialJuan Aracilredactó esta reforma que será clave en la posterior redacción del Artículo 41 de la Constitución y el Artículo 2 de la Ley General del Seguro Socialque define los principios y propósitos de este Sistema.
Un movimiento que, otro historiador de la Seguridad Social española, José Antonio Panizo -ex director general del INSS entre muchas otras cosas- describe como “Muy valiente, se anticipa a la Constitución, avanza los principios de unidad monetaria, solidaridad financiera” del sistema fue un paso decisivo, importante y valienteâ €.
Primeras reformas
Ambos coinciden en dos aspectos fundamentales por los que el Real Decreto-Ley mejoró decisivamente la gestión: la unidad de efectivo y especialización.
Para la gestión de la salud se creó el Insalud, de las prestaciones estaría a cargo el INSS, en materia de desempleo actuaría el INEM, para los servicios sociales estaba el INSERSO. Todo ello bajo el paraguas de una caja única para la administración de los recursos y bienes de la Seguridad Social, la TGSS.
Cuando se puso la primera piedra, llegaron los primeros problemas. A principios de la década de 1980, la pensión de jubilación se calculaba sobre la base de los dos últimos años trabajados, situación que derivó en lo que comúnmente se conoce como pensión de jubilación. compra de pensión. Los trabajadores cotizaron al menos la mayor parte de su vida laboral y la base de cotización aumentó en los últimos años para obtener una mayor pensión: Era necesario fortalecer el carácter contributivo del Sistema.
Pero no fue la única distorsión. A principios de los 80, los trabajadores no tenían derecho a una pensión de jubilación si al momento de ocurrir no se encontraban registrados en el Sistema. Hablamos de una época en la que la tasa de paro estaba por encima del 21% y muchos empleados, para no quedarse sin ingresos, intentaban obtener prestaciones por invalidez. Además de eso, las pensiones no se revaluaron.
La primera gran reforma que pretenda paliar estos desequilibrios daría lugar a una huelga general. Hablamos de la Ley 26/1985 de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, conocidas como «ley de pensiones».
Esta norma, entre otras cosas, fija el período de cálculo de la pensión de jubilación en los últimos 8 años de cotización, elimina el requisito de afiliación para tener derecho a las pensiones de jubilación e invalidez y determina que las pensiones se revalorizarán anualmente de acuerdo al IPC.
De cara al futuro, Panizo dice que â € œTal vez fue una ley mal entendida o no se explicó correctamente por qué se cambiaron los períodos de cómputo, hubo falta de pedagogía. Diez años después, todos los agentes sociales y firmantes del Pacto de Toledo lo calificaron de ley positiva, que daba mayores dosis de viabilidad y estabilidad a un sistema que no podía mantenerse con la regulación anterior.â €.
Grandes avances en derechos: para que España funcione
Pero si algo ha caracterizado estos 40 años han sido los grandes avances en materia de derechos. La construcción de un estado de bienestar que hoy, en palabras de Adolfo Jiménez, “Quizás†no se valore como se mereceâ€.
Para ello, debemos recordar que en los primeros años de la democracia había miles de ciudadanos sin cobertura de salud porque muchos colectivos estaban fuera del sistema de Seguridad Social. A esta situación se sumaba que los hijos de los asegurados perdían este derecho al cumplir los 21 años.
Todo cambia con el Ley General de Salud de 1986 que universaliza la atención de la salud.
Pero no es el único gran logro. El exsecretario general de la Seguridad Social recuerda en primera persona cómo una regla puede cambiar la vida de muchas personas.
“En el momento de las obras en el semáforo del Puente Francés de Madrid, había un gran número de personas mayores pidiendo limosna porque no tenían otra cobertura. La incorporación de las pensiones no contributivas hizo que la pobreza desapareciera en la vejez de los ciudadanos españoles de la noche a la mañana. Ya no había gente preguntando en ese semáforoexplica Adolfo Jiménez.
Diversas instituciones sociales han demostrado en estudios posteriores que la pobreza severa en la vejez en España ha desaparecido y nos acercamos a modelos de protección social en Europa Central que nos han dado una ventaja durante décadas. Era 1990 y se aprobaron las leyes Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Se cumplió el artículo 41 de la Constitución: todos los ciudadanos tenían derecho a la Seguridad Social.
Preguntado por cuánto se logró en tan poco tiempo, recuerda que “Había ánimo en todos los líderes políticos, miembros de la oposición y responsables de la Seguridad Social de avanzar en el aspecto social y en el funcionamiento del Estado español en relación con Europa. Tratábamos de hacer que España funcionara y solucionara problemas como la pobreza extrema. Luego habrá que ver cómo resolvemos las dificultades, ya que no se trata de dar prestaciones, sino de dar prestaciones y tener cobertura de recursos para hacer frente a esas prestaciones”.
José Antonio Panizo Nos recuerda que los grandes avances en materia de derechos no terminaron ahí y continúan hasta el día de hoy.
La lista es larga: prestaciones de paternidad y maternidad, prestaciones familiares, atención a los hijos con cáncer u otra enfermedad grave, riesgo de embarazo y lactancia, cumplimiento de la legislación de la Seguridad Social con los principios de igualdad de género y no discriminación, mejoras en las prestaciones de las mujeres o las últimas medidas en materia de de conciliación aprobadas y pendientes de aprobación, entre muchas otras.
Cómo financiar nuevos derechos
Pero bajo esta nueva protección, las costuras financieras sufrieron. Era necesario nuevamente fortalecer lo contributivo, separar las fuentes de financiamiento. Sin los recursos, los derechos estarían húmedos.
La Ley General de Salud no se pudo aplicar porque el sistema pagó la atención de la salud, los servicios sociales y las prestaciones económicas con las cotizaciones a la seguridad social. No había recursos para mejorar la atención de la salud sin desmerecer los beneficios de los beneficios económicos.
Panizo y Jiménez recuerdan las maratónicas jornadas de negociación con Hacienda para aprobar la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1989.
Las negociaciones son fructíferas. Los beneficios de salud y universales y de ciudadanía se financiarán con impuestos. Los relacionados con el trabajo, con aportes a la seguridad social.
Esta separación de fuentes del Sistema incluye también los complementos mínimos para pensiones, aprobados en 1985, que serán financiados con transferencias del Estado.
El acuerdo con Hacienda era que se haría de forma progresiva, pero lo provocó de inmediato millones de ciudadanos se sumarán a la cobertura de salud.
Avances en la gestión
Pero el éxito del modelo ha sido el éxito de una gestión eficaz. En los años 80, el El reconocimiento de una pensión podría demorar un año.
Jiménez recuerda cómo â € œHubo anuncios de importantes entidades financieras que ofrecían precalcular la futura pensión y anticiparla si posteriormente se debitaba el cobro a la entidad, lo que mostraba claramente un mal funcionamientoâ €.
Todo esto cambió radicalmente. Se creó el área de informática, se agilizó la gestión de manera que el tiempo de reconocimiento se redujo a 6 meses, luego a 3 y, en 1996, se estableció en 8 días.
“Hemos conseguido que cuando un trabajador deja de estar empleado por jubilación, no tenga ningún periodo de carencia de recursos, si se jubiló a principios de mes, a final de mes debe recibir esa pensión y que se ha mantenido.â€.
Un logro basado en la digitalización y simplificación del otorgamiento de beneficios. Se redujeron de 10 a 3 los documentos necesarios para solicitar una prestación, quedando el resto en poder de la Administración.
Todo ello se ha traducido en una mayor eficiencia en el reconocimiento de beneficios y una mayor eficiencia en el gasto. Había una regla, la gestión no podía representar más del 3% del presupuesto. “Ha sido más eficiente que la gestión privada de beneficios similares”.concluye, orgullosa, Jiménez.
Un éxito en el que ambos protagonistas sitúan a los funcionarios de la Seguridad Social como parte imprescindible.
“No hubiera sido posible avanzar en la gestión sin la alta especialización y profesionalidad de los funcionarios de las entidades gestoras, lo que he visto en la Seguridad Social es que los funcionarios están muy mentalizados de su trabajo y muy profesionalizados”.explica Jiménez, “El gran activo de la gestión de la Seguridad Social son sus trabajadores. Su compromiso es muy importante y difícil de ver en otros ámbitos, tanto públicos como privados. Con ellos todo, sin ellos nada”agrega Panizo.
La madurez del Sistema. El Pacto de Toledo
Para 1995, el sistema era bastante extenso y estaba bien configurado con más funciones y nueva cobertura. Más buenas noticias: aumenta el número de pensionistas y aumenta la esperanza de vida. El sistema es un sistema maduro y tiene que lidiar con estas nuevas realidades.
Ante la incertidumbre surgen dudas sobre el modelo elegido, algunos argumentan que sería más conveniente transformarlo en uno de capitalización o mixto. Un sistema de Seguridad Social necesita certezas, y esas certezas se las ofreció el Pacto de Toledo.
El Pacto de Toledo representa, en palabras de Panizo, un cambio de paradigma en el que â € œel sistema de protección social se está saliendo de la lucha política para reforzar qué sistema queremos, cómo tiene que evolucionar y cómo debe financiarse. Sin duda es un ejemplo.
En este acuerdo, los agentes sociales y todos los grupos parlamentarios, más allá de las ideologías, fortalecer y reafirmar el carácter contributivo y solidario del Sistemala reconocen como la más adecuada para dar protección y cobertura a la sociedad española y se comprometen a defenderla.
Sus primeras recomendaciones se reflejan en la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997Que, entre otras medidas, fija el plazo para el cálculo de la pensión en 15 años, la actualización con el IPC de las bases de cotización de los años más alejados de la edad de jubilación, o la necesidad de constituir reservas para el sistema cuando tienes excedentes.
Desde entonces, el sistema se ha enfrentado a nuevos problemas derivados de un sistema maduro, con una población más envejecida, más pensionistas, mayor esperanza de vida y un mayor efecto sustitución. Las respuestas han sido las reformas de 2011, 2013 y las que están por venir porque, si en otra cosa coinciden Jiménez y Panizo, es que en la Seguridad Social un modelo no vale para toda la eternidad, hay que adaptarlo a la realidad cambiante, pero es importante valorar y definir un modelo. Y voluntad política.
“Hubo estudios en la década de 1980 que decÃan que el sistema quebrarÃa en la década de 1990. En los 90 se decía que el horizonte era el 2000. Todos estos estudios estaban equivocadosconcluye Adolfo Jiménez.
David Cebrián Moreno
