El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha llamado a los grupos parlamentarios a alcanzar «con urgencia» un amplio consenso para reformar el sistema de pensiones. Durante su comparecencia, ha señalado que “la crisis del COVID-19 ha hecho aún más necesario llegar a un acuerdo” para que las pensiones “se revaloricen con un marco estable el año que viene”. En este sentido, ha subrayado la necesidad de tomar la iniciativa legislativa con urgencia “para eliminar la incertidumbre de los actuales y futuros pensionistas”.
Escrivá ha indicado que, para ello, es necesario «llegar a un amplio acuerdo político» cuanto antes sobre la adecuación y sostenibilidad del sistema de pensiones dentro del Pacto de Toledo. En este sentido, señaló que el actual proyecto de recomendaciones es un «magnífico punto de partida» para llegar a este consenso. Una vez alcanzado el acuerdo político, la ministra ha señalado la conveniencia de llegar también a un consenso con los agentes sociales y, sobre esa base, iniciar la tramitación de un proyecto de ley que aborde la reforma del sistema de pensiones.
Según el ministro, el sistema de pensiones español tiene algunas peculiaridades. Uno de ellos es la existencia de un mecanismo de revalorización de las pensiones que no tiene en cuenta la evolución de precios y salarios, “una excepción frente a países con sistemas similares al nuestro, de ahí la necesidad de su reforma”. En otros aspectos, como la edad de jubilación, el gasto en pensiones en relación con el PIB o el nivel de cotización, nuestro sistema es similar al de otros países comparables, “al igual que los retos a los que se enfrenta a medio plazo”. que son, en todo caso, aceptables”.
Escrivá ha destacado que esta situación no ha cambiado debido a la crisis del COVID-19, que “tiene un impacto importante pero temporal en las cuentas de la Seguridad Social”.
En este contexto, la ministra de Inclusión ha adelantado cuáles serán las líneas de actuación del Ministerio si hay un consenso político para la reforma de las pensiones, en línea con las recomendaciones del proyecto. “A corto plazo se profundizará en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social” (recomendaciones 1 y 6 del borrador).
En este sentido, la ministra ha anunciado que la financiación de los gastos indebidos de la Seguridad Social comenzará en los próximos presupuestos, por lo que “al final de la legislatura se eliminará el déficit previsto”. Las estimaciones del Ministerio, según Escrivá, están «en la línea de lo propuesto por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal». La medida también ayudará a disipar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema en el corto plazo y centrarse en los desafíos a largo plazo.
En este sentido, la ministra ha anunciado medidas para sustanciar la recomendación 4 del anteproyecto mediante el fomento de la cotización por renta real en el régimen de autónomos. “Tendrá una implementación gradual, no generará distorsiones significativas en los autónomos ni en la gestión administrativa y se implementará por etapas”, dijo, lo que permitirá que un alto porcentaje de autónomos vea reducidas sus cotizaciones. .
Además, a medio plazo, la ministra ha anunciado actuaciones en otros ámbitos: mantener el poder adquisitivo de las pensiones (recomendación 2), alinear la edad efectiva de jubilación con la legal (recomendación 12) y desarrollar sistemas de seguridad social complementarios (recomendación 12). dieciséis).
Sobre el primer punto, el Ministro destacó que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones “no sólo cumple con las recomendaciones del proyecto, sino que lo hace con el artículo 50 de la Constitución, de ahí su relevancia”. También ha señalado que es un «elemento clave para dar certidumbre a los pensionistas ya la sociedad en su conjunto y está en consonancia con los mecanismos de los países de nuestro entorno». Por todo ello, considera «clave que el próximo año se aplique un nuevo marco estable de revalorización, que garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas».
En cuanto al aumento de la edad efectiva de jubilación para acercarla a la edad legal, Escrivá ha señalado que se trata de una medida “que goza de una importante aceptación social y que, según cálculos de la AIReF, tiene un importante impacto económico”. Así, ha planteado la necesidad de incentivar el retraso en la jubilación, “que hasta el momento han tenido poca aplicación práctica”, mediante un exhaustivo diagnóstico de la realidad del mercado laboral de los trabajadores próximos a la edad de jubilación, así como una reordenación de incentivos existentes y una corrección de los «elementos distorsionadores de la jubilación anticipada». Con ello, la ministra de Inclusión cree que “se puede revertir la actual tendencia de crecimiento de la jubilación anticipada voluntaria”.
Finalmente, el Ministro se comprometió a revisar el actual sistema de previsión complementaria, en línea con la recomendación 16 del anteproyecto y con la orden impartida por la AIReF al Gobierno. En este sentido, Escrivá subrayó que “sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario impulsar los planes de empleo, trasladando a ellos la fiscalidad favorable que tienen ahora mismo los planes individuales”. Según él, «a través de la negociación colectiva y la creación de un fondo de pensiones de capital variable en la administración, se podría ampliar la población cubierta y reducir los costos de gestión».
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha llamado a los grupos parlamentarios a alcanzar «con urgencia» un amplio consenso para reformar el sistema de pensiones. Durante su comparecencia, ha señalado que “la crisis del COVID-19 ha hecho aún más necesario llegar a un acuerdo” para que las pensiones “se revaloricen con un marco estable el año que viene”. En este sentido, ha subrayado la necesidad de tomar la iniciativa legislativa con urgencia “para eliminar la incertidumbre de los actuales y futuros pensionistas”.
Escrivá ha indicado que, para ello, es necesario «llegar a un amplio acuerdo político» cuanto antes sobre la adecuación y sostenibilidad del sistema de pensiones dentro del Pacto de Toledo. En este sentido, señaló que el actual proyecto de recomendaciones es un «magnífico punto de partida» para llegar a este consenso. Una vez alcanzado el acuerdo político, la ministra ha señalado la conveniencia de llegar también a un consenso con los agentes sociales y, sobre esa base, iniciar la tramitación de un proyecto de ley que aborde la reforma del sistema de pensiones.
Según el ministro, el sistema de pensiones español tiene algunas peculiaridades. Uno de ellos es la existencia de un mecanismo de revalorización de las pensiones que no tiene en cuenta la evolución de precios y salarios, “una excepción frente a países con sistemas similares al nuestro, de ahí la necesidad de su reforma”. En otros aspectos, como la edad de jubilación, el gasto en pensiones en relación con el PIB o el nivel de cotización, nuestro sistema es similar al de otros países comparables, “al igual que los retos a los que se enfrenta a medio plazo”. que son, en todo caso, aceptables”.
Escrivá ha destacado que esta situación no ha cambiado debido a la crisis del COVID-19, que “tiene un impacto importante pero temporal en las cuentas de la Seguridad Social”.
En este contexto, la ministra de Inclusión ha dado a conocer cuáles serán las líneas de actuación del Ministerio si existe un consenso político para la reforma de las pensiones, en línea con las recomendaciones del proyecto. “A corto plazo se profundizará en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social” (recomendaciones 1 y 6 del borrador).
En este sentido, la ministra ha anunciado que la financiación de los gastos indebidos de la Seguridad Social comenzará en los próximos presupuestos, por lo que “al final de la legislatura se eliminará el déficit previsto”. Las estimaciones del Ministerio, según Escrivá, van en la línea de lo planteado. por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscalâ €. La medida también ayudará a disipar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema en el corto plazo y centrarse en los desafíos a largo plazo.
En este sentido, la ministra ha anunciado medidas para sustanciar la recomendación 4 del anteproyecto mediante el fomento de la cotización por renta real en el régimen de autónomos. “Tendrá una implementación gradual, no generará distorsiones significativas en los autónomos ni en la gestión administrativa y se implementará por etapas”, dijo, lo que permitirá que un alto porcentaje de autónomos vea reducidas sus cotizaciones. .
Además, a medio plazo, la ministra ha anunciado actuaciones en otros ámbitos: mantener el poder adquisitivo de las pensiones (recomendación 2), alinear la edad efectiva de jubilación con la legal (recomendación 12) y desarrollar sistemas de seguridad social complementarios (recomendación 12). dieciséis).
Sobre el primer punto, el Ministro destacó que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones “no sólo cumple con las recomendaciones del proyecto, sino que lo hace con el artículo 50 de la Constitución, de ahí su relevancia”. También ha señalado que es un «elemento clave para dar certidumbre a los pensionistas ya la sociedad en su conjunto y está en consonancia con los mecanismos de los países de nuestro entorno». Por todo ello, considera «clave que el próximo año se aplique un nuevo marco estable de revalorización, que garantizará el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas».
En cuanto al aumento de la edad efectiva de jubilación para acercarla a la edad legal, Escrivá ha señalado que se trata de una medida “que goza de una importante aceptación social y que, según cálculos de la AIReF, tiene un importante impacto económico”. Así, ha planteado la necesidad de incentivar el retraso en la jubilación, “que hasta el momento han tenido poca aplicación práctica”, mediante un exhaustivo diagnóstico de la realidad del mercado laboral de los trabajadores próximos a la edad de jubilación, así como una reordenación de incentivos existentes y una corrección de los «elementos distorsionadores de la jubilación anticipada». Con ello, la ministra de Inclusión cree que “se puede revertir la actual tendencia de crecimiento de la jubilación anticipada voluntaria”.
Finalmente, el Ministro se comprometió a revisar el actual sistema de previsión complementaria, en línea con la recomendación 16 del anteproyecto y con la orden impartida por la AIReF al Gobierno. En este sentido, Escrivá subrayó que “sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario impulsar los planes de empleo, trasladando a ellos la fiscalidad favorable que tienen ahora mismo los planes individuales”. Según él, «a través de la negociación colectiva y la creación de un fondo de pensiones de capital variable en la administración, se podría ampliar la población cubierta y reducir los costos de gestión».
