El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto-ley que contiene un conjunto de medidas urgentes de apoyo al sector agrícola para hacer frente a la situación de sequía prolongada, que compromete la producción. Las medidas aprobadas, que competen a seis ministerios diferentes, se enmarcan en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico y pretenden contribuir a mantener la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agropecuarias, en un contexto de dificultades acumuladas por la subida en los precios de insumos y materias primas.
El Real Decreto-Ley ha sido aprobado a propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Servicio Civil; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migración y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Desde el inicio del año hidrológico, en octubre de 2021, el valor medio nacional de precipitaciones ha sido un 41,1% inferior al valor normal, y la reserva hidráulica nacional, al 15 de marzo, se encontraba en un 40,7% de la capacidad total del embalse, 12 puntos por debajo de la media de los últimos cinco años. Además, a lo largo del año 2021, las granjas han tenido que hacer frente a un aumento de los costes de producción, debido al aumento de los precios de las materias primas y la energía.
Medidas laborales
En materia de empleo y Seguridad Social, el Real Decreto-Ley establece medidas de liquidezcomo son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Régimen Agrario Especial y para los autónomos pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores Autónomos (SETA), cotizaciones a la Seguridad Social a un bajísimo tipo de interés del 0,5%, siete veces inferior al habitual. En el caso de empresas, los periodos de devengo serán entre marzo y mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.
Además, una rreducción del número mínimo de días efectivos trabajados, de 35 a 20, para acceder a las prestaciones por desempleo o renta agraria a favor de los trabajadores temporales agrícolas residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. Estos dos son los territorios más afectados por la situación de sequía, ya que las reservas almacenadas en las cuencas de los ríos Guadalquivir y Guadiana apenas alcanzan el 30%.
La contratación como contrato de duración determinada discontinuo y la contratación eventual se equiparan a los efectos de acceso y determinación del derecho a la prestación por trabajador temporal agrario ya la renta agraria.
Los trabajadores con contrato discontinuo de duración determinada incluidos en el Sistema Agrario Especial de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando cesen en la prestación de servicios por haber cesado o interrumpido la actividad intermitente o estacional de la empresa, o cuando la actividad sea suspendida por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o cuando, con posterioridad a tales situaciones, dejen involuntariamente de ser labores agrícolas a tiempo parcial, podrán ser considerados tanto trabajadores permanentes discontinuos como trabajadores temporales de la República. Caja Especial Agraria de la Seguridad Social a efectos de la protección por desempleo siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso.
Medidas fiscales y económicas
En relación con las medidas fiscales, se aprueba una reducción del 20% en los ingresos netos de las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos). Se estima que esta medida beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros.
También se aprueba la exención de cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos (IBI) para determinados productores agrarios que cumplan determinados requisitos.
En cuanto a las medidas encaminadas a la sostenibilidad de las explotaciones, el Real Decreto-Ley incluye dos actuaciones:
- En relación con la financiación de explotaciones agrarias, se pondrá a disposición de los operadores agrarios, en régimen de concesión directa, una línea de ayudas para la bonificación del principal de las operaciones de financiación formalizadas a través de entidades financieras, para la que se prevé un presupuesto de 10 millones de euros. habilitado, que podría movilizar más de 100 millones de euros en el sector.
- En relación con la financiación de garantías sobre explotaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) podrá poner a disposición de los operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará , en régimen de concesión directa, el coste de las garantías de la Sociedad Anónima Estatal de Garantía Agraria (SAECA).
En materia de seguros agrarios, el Gobierno incrementará la dotación aprobada para el Cuadragésimo Tercer Plan Combinado de Seguros Agrarios, en la cuantía que resulte adecuada para atender la creciente demanda de contratación.
Además, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación, solicitará los anticipos de las ayudas y la flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agraria Común (PAC).
Agua desalada
Para poder acceder a los recursos hídricos desalados en este momento crítico y no perder una parte importante de la producción de regadío del sureste de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) establece tarifas asequibles para los usuarios del riego para el agua desalada en las Instalaciones de Desalación de Agua de Mar (IDAM) y en las conducciones que han de salvar mediante cotas un gran desnivel entre origen del recurso y demanda de destino.
También actúa sobre el coste del agua de las desaladoras titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 €/m3, en regadíos y con el coste del agua en la conducción Júcar-Vinalopí, señalando precios por m3 de 0,295 € en post -transferir. La fijación de estos precios máximos permitirá a los usuarios asumir los costes del recurso.
Además, se están tomando medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana, que se aplicarán a determinadas unidades territoriales de escasez (UTES). Estas medidas incluyen la reducción de entre el 50% y el 100% de los cánones por el canon de regulación y las tarifas por uso de agua o la puesta en marcha de obras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir con una inversión estimada de 9,65 millones de euros.
