El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un paquete de medidas urgentes que amplía la protección social, establece diversos incentivos a la empleabilidad y garantiza la calidad en el empleo.
El objetivo del Real Decreto-ley aprobado hoy es dar la cobertura necesaria a las personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, como son los parados de larga duración, los pensionistas, los jóvenes, los inmigrantes y determinados colectivos de trabajadores.
Entre las novedades se encuentra la recuperación de la edad de 52 años para la prestación por desempleo; el aumento de la cuantía de las prestaciones familiares y la pensión mínima de Incapacidad Permanente Total para los menores de 60 años.
En materia de incentivos al empleo, se establecen bonificaciones por la contratación de parados de larga duración; la reducción de las cotizaciones de los trabajadores asalariados del Sistema Agrario Especial y un plan de conversión a contratos indefinidos o fijos-discontinuos de este colectivo. Además, se están impulsando medidas para ampliar el período de actividad de los trabajadores fijos discontinuos en sectores con un alto grado de temporalidad por estar vinculados a la actividad turística.
Protección social para los colectivos más vulnerables
España tiene un alto nivel de riesgo de pobreza, especialmente en los niños, un 8% superior al resto de la Unión Europea, según Eurostat.
El Real Decreto-ley de hoy se enmarca en la urgencia de impulsar acciones que reduzcan el riesgo y los niveles de desigualdad. Entre otras medidas, el texto establece el incremento de la asignación económica por hijo a cargo que pasa a 341 euros anuales, con carácter general, y que aumenta a 588 en el caso de personas con menores ingresos.
También introduce una bonificación de la que podrán beneficiarse las empresas que contraten a personas que lleven más de un año en paro, siempre que se mantenga el empleo durante al menos 3 años. La bonificación por la aportación empresarial a la Seguridad Social se mantendrá durante tres años y ascenderá a 1.300 euros anuales, 1.500 anuales cuando el contrato se realice a una mujer.
Además, la Seguridad Social aumentará la cuantía mínima de la pensión de Incapacidad Permanente Total para los hijos menores de 60 años, que se sitúa en 6.991,60 euros si es con cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal, y en 6.930,¬ para personas con cónyuge no dependiente. Este incremento tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2019.
Se recupera el subsidio para mayores de 52 años
Los desempleados mayores de 52 años podrán acceder a la prestación por desempleo que hasta ahora estaba reservada para los mayores de 55 años. Esta prestación, que beneficiará a unas 380.000 personas, podrá percibirse hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación, y no hasta el momento en que se pueda acceder a cualquier modalidad de pensión contributiva de jubilación, como ha sido hasta ahora.
Además, ya no se toman en cuenta los ingresos familiares para acceder al subsidio; se aumenta el importe de la aportación por la contingencia de jubilación del 100% al 125% durante la percepción del subsidio, y se eliminan los porcentajes aplicables al importe del subsidio cuando se trata de un trabajo a tiempo parcial.
Fondo de Integración de Inmigrantes
En el ámbito de la inmigración, se ha recuperado el Fondo de Apoyo a la Acogida a la Integración de Inmigrantes, suprimido en 2012. La colaboración entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y poder garantizar la integración en la sociedad española de la población inmigrante.
Este presupuesto se destinará a financiar acciones que permitan el desarrollo conjunto de una estrategia para la integración de inmigrantes, solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, con el fin de garantizar la cohesión social, responder al desafío de los nuevos flujos migratorios y garantizar el respeto a la internacionalidad. derechos y obligaciones reconocidos.
Otros incentivos laborales
Las empresas turísticas que amplíen los períodos de empleo y aportes de sus trabajadores permanentes discontinuos también podrán beneficiarse de una bonificación en sus cuotas. En concreto, quienes inicien o permanezcan en alta en los meses de febrero, marzo y abril podrán aplicar una bonificación del 50% en sus cotizaciones por contingencias comunes, desempleo, FOGASA y formación profesional de dichos trabajadores.
Los trabajadores autónomos agrarios que trabajaron un máximo de 55 días efectivos en 2018 estarán sujetos a una reducción del 14,6% en sus cotizaciones durante los períodos de inactividad.
La medida tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero. De esta forma, este colectivo, que estaba autorizado a retrasar sin pago el pago de sus cotizaciones desde los cuatro primeros meses del año hasta junio, hará frente a sus obligaciones con la Seguridad Social para todo el año 2019 con las nuevas cuantías reducidas.
El Real Decreto incorpora también un Plan para incentivar a las empresas a convertir los contratos temporales de los trabajadores agrarios en contratos indefinidos o de duración determinada. En estos casos, se subvencionará la cuota empresarial por contingencias comunes durante dos años. La cuantía de esta bonificación puede llegar hasta los 40 euros/mes para los trabajadores del grupo 1 que ganen menos de 1.800 euros y trabajen todo el mes. En el caso de las mujeres, la bonificación será superior, hasta los 53,33 euros al mes.
Este conjunto de medidas de protección social incluye que los artistas pueden solicitar la inactividad en cualquier momento del año, siempre que acrediten al menos 20 días de alta con prestación efectiva de servicios en el año anterior.
Acceso más fácil a la Garantía Juvenil
Otra de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros es la modificación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), regulado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre.
Esta reforma busca dar mayor seguridad jurídica a los jóvenes a la hora de registrarse en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El objetivo es evitar la posible incertidumbre sobre el límite de la tasa de desempleo (EPA) del 20% para el grupo de edad de 25 a 29 años. Esto es para simplificar y aclarar los requisitos de edad para el registro.
Las medidas aprobadas también optimizan la gestión de los fondos del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo Garantía Juvenil, y afectan tanto a los órganos de la Administración General del Estado como a los de las Comunidades Autónomas.
Medidas contra la precariedad laboral
El Real Decreto-ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros modifica el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligación de registrar el inicio y el final de la jornada laboral.
De esta forma, se garantiza el cumplimiento de los límites de tiempo de trabajo y se posibilita el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esto facilita la resolución de discrepancias en cuanto a jornada laboral y por tanto en cuanto a salario. Con esta fórmula se sientan las bases para acabar con uno de los elementos precarios de las relaciones laborales y se reconoce el papel de la negociación colectiva.
De manera complementaria, se modifica el texto de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), para tipificar como infracciones en el Orden Social las derivadas de incumplimientos relacionados con el registro de la jornada.
Otra de las novedades que incorpora la norma es la constitución del grupo de expertos y expertas para la elaboración del nuevo Estatuto de los Trabajadores. También se cumple el compromiso asumido con los interlocutores sociales, recogido también en la Agenda para el Cambio.
La norma central que rige las relaciones laborales debe actualizarse urgentemente para incorporar los problemas estructurales de nuestro mercado laboral -la alta tasa de desempleo y la alta temporalidad y
el impacto en nuestro mercado laboral de las transformaciones digitales, la globalización, el cambio los cambios demográficos y la transición ecológica, así como la necesidad de restablecer el equilibrio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores.
Con la aprobación de este Real Decreto-ley, el Gobierno da un nuevo paso en su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, dado que las distintas medidas incluidas en la norma tienen un impacto directo en varios de los Objetivos. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que componen la Agenda 2030. En concreto, dichas medidas se relacionan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible nº 1 (acabar con la pobreza), 5 (lograr la igualdad de género), 8 (crecimiento económico digno e inclusivo) y 10 (reducir las desigualdades). ).
