El Gobierno aprueba el Anteproyecto de ley para impulsar los planes de pensiones de empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Proyecto de Ley Reguladora de los Planes de Pensiones de Empleo con el objetivo de impulsar la seguridad social complementaria. Este proyecto de ley, que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros en su primera vuelta, responde a la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo, que se centra en la necesidad de dotar de estabilidad al “modelo actual de seguridad social complementaria” y “Promover, de manera preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, el empleo, que forman parte del segundo pilar del modelo de pensiones” a los que deberá dotar “de un adecuado y diferenciado régimen fiscal y jurídico”. Esta reforma también está incluida en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo de la nueva normativa es facilitar el acceso a los planes colectivos a los trabajadores de ingresos medios y bajos y a las pequeñas y medianas empresas, así como a los trabajadores autónomos y jóvenes. Además, mediante la promoción pública de los fondos de pensiones, la negociación colectiva y la promoción de planes por parte de las asociaciones de autónomos y colegios profesionales, se ofrecerán productos de ahorro a largo plazo a un coste inferior al actual. La reforma irá acompañada de una modificación de los incentivos fiscales, de modo que el beneficio fiscal se traslade a los partícipes.

En primer lugar, la regla establece la creación de fondos públicos de empleo, lo que facilitará la cesión de todo tipo de trabajadores. Además, las entidades gestoras y depositarias serán seleccionadas mediante procedimiento abierto y su tamaño les permitirá una mayor eficiencia y, por tanto, menores comisiones. Estos fondos tendrán una gobernanza específica, con sus propias comisiones de control.

Los activos de los fondos públicos de pensiones se invertirán exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios teniendo en cuenta la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones.

Segundo, se facilita la creación de planes simplificados, en el que los convenios colectivos sectoriales se convertirán en el principal instrumento de impulso. Permite así que la negociación colectiva normativa establezca que el plan de empleo pactado se extienda a todas las empresas del sector.

La creación de estos planes se hará con un procedimiento más sencillo que el actual de forma que, en lugar de que cada empresa seleccione su propio plan de pensiones, se puedan adscribir directamente al plan simplificado del sector correspondiente.

Además, para facilitar la transparencia y la portabilidad entre planes de pensiones, se habilitará una plataforma digital común en la que cada partícipe podrá consultar fácilmente toda la información y realizar los trámites de forma sencilla.

Finalmente, la normativa irá acompañada de un cambio en la tributación de estos productos, centrándose en los beneficios fiscales de los beneficios laborales, siguiendo la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y las conclusiones del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre beneficios fiscales. En los presupuestos de 2022 la deducción en el IRPF ya se centra en los planes de empleo, por importe de 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, en total la suma de todas las aportaciones serán 10.000. En el caso de trabajadores por cuenta propia, la deducción deberá ser proporcional a la suma de ambas deducciones.

Tras su aprobación en Consejo de Ministros en primera vuelta, el proyecto de ley pasa por el proceso de información y audiencia pública para recibir los aportes de la sociedad civil. Además, el texto será remitido al Consejo Económico y Social. Tras este trámite, volverá al Consejo de Ministros para ser remitida, una vez aprobada, a las Cortes Generales. El Plan de Recuperación contempla la aprobación de esta reforma en el primer semestre de 2022.

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