El 41% de los PGE se destina a pensiones

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado este martes en el Congreso que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 son “los más sociales de nuestra historia”, ya que destinan el 56% de los recursos a partidas sociales. Durante el debate del proyecto de ley, la ministra enumeró las principales partidas de gasto del Ministerio de Empleo y Seguridad, que son principalmente para pensiones, formación y empleo de jóvenes, incentivos al autoempleo y protección social para desempleados.

La ministra ha destacado que la pujanza de la recuperación y la intensa creación de empleo, más de medio millón cada año, han permitido presupuestar incrementos adicionales en las pensiones que confirman “que la recuperación alcanza a todos, incluidos los pensionistas”.

Un incremento adicional que, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2018, se aplicará de forma inmediata a la nómina de los pensionistas. La carga se asignará de forma retroactiva. desde el 1 de enero de 2018, por lo que los pensionados también percibirán un único ingreso con los atrasos generados por la revalorización de los últimos meses. La ministra ha precisado que, una vez en vigor, este subsidio estará disponible para los pensionistas antes de finales de julio.

Aumentos adicionales por pensiones

Del gasto total presupuestado para 2018, el 41% se destina a pensiones, en concreto 146.300 millones, de los que 131.000 corresponden a pensiones de la Seguridad Social. “La recuperación empieza a ser una realidad para todos, y también para los pensionistas”, dijo la ministra, que detalló la nueva subida de pensiones para 2018: un incremento global del 1,6% para todas las pensiones; 3% para pensiones mínimas y no contributivas (2.856.000).

Además, el aumento de la base de cotización del 52% al 56% se traduce en un aumento de la nómina mensual del 7,6% para 500.000 pensiones de viudedad.

A estos incrementos hay que sumar el complemento de maternidad de hasta el 15% (según el número de hijos) para 186.000 nuevas pensiones de madres trabajadoras, según las previsiones. Para fines de 2018, más de medio millón de mujeres recibirán pensiones complementarias.

La ministra también ha alcanzado un acuerdo unánime para permitir la jubilación anticipada de los policías locales alcanzado en el proceso presupuestario de este martes. En este sentido, ha señalado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya está tramitando el Reglamento para poner en marcha la iniciativa que hará posible esta «reivindicación histórica» ​​del colectivo.

Inversión en empleo para jóvenes

El titular de Empleo y Seguridad Social ha recordado que la prioridad del Gobierno ha sido y es crear empleo y reducir el paro, especialmente entre los jóvenes. Así, en el ámbito del empleo, se incrementan los recursos destinados a políticas activas de empleo hasta los 5.794 millones de euros, así como los destinados a la formación profesional para el empleo, que alcanzan los 2.414 millones de euros, a los que se suman otros 500 millones de euros específicos para gente joven.

En este sentido, Báñez ha calificado de «apuesta histórica» ​​el impulso dado en estos Presupuestos a la Formación Profesional Dual para el empleo de los jóvenes, a través del Bono Formación Garantía Juvenil asociado a una subvención de 430 euros mensuales, durante 18 meses. Si además el contrato pasa a ser indefinido, los empresarios podrán percibir una bonificación de 250 euros mensuales durante 3 años, a través del Bono de Conversión Indefinido. “Por primera vez en España, a través del contrato de formación y aprendizaje, los jóvenes podrán trabajar y formarse al mismo tiempo”, subraya Báñez.

La ministra destacó la participación de los autónomos en la recuperación del empleo. Un esfuerzo, ha apuntado, que ha ido acompañado de la entrada en vigor de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo por Cuenta Propia que, entre otras medidas, prorrogaba de 6 a 12 meses la Tarifa Plana de 50 euros; ajusta la cotización de estos trabajadores a los períodos efectivamente trabajados y responde a los trabajadores autónomos que se reincorporan al trabajo tras la maternidad.

Además, para los autónomos residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, estos presupuestos amplían la Tarifa Plana Rural de 50 euros a 24 meses.

Novedades en la protección de los desempleados

La dotación global para políticas de empleo alcanza los 24.500 millones de euros. Las políticas activas de empleo son una de las máximas prioridades de estos presupuestos. Así, la inversión en pólizas activas por parado aumenta un 10%, hasta unos 2.000 euros por persona.

Para proteger a los trabajadores desempleados, el SEPE destinará 7 de cada 10 euros de los recursos del Servicio Público de Empleo. Esto supone un incremento en la tasa de cobertura de más de dos puntos respecto al año pasado.

En esta línea y con el objetivo de mejorar la protección por desempleo y simplificar el actual sistema de protección, el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales ya las Comunidades Autónomas la creación de la Renta Complementaria de Desempleo (RED). “Un mecanismo único y estable de protección para los parados que hayan agotado su prestación contributiva o que hayan cotizado insuficientemente”, dijo Báñez, una renta de 430 euros entre 4 y 72 meses, dependiendo del periodo de cotización, familia necesidades y edad.

Mientras se llegue a un acuerdo sobre este nuevo modelo, los Presupuestos garantizan la protección de los parados mientras dure la negociación. Para ello, en el debate en la Comisión del Congreso, las cuentas han incorporado la Prestación Extraordinaria por Desempleo, una ayuda que seguirá vigente mientras la tasa de paro no baje del 15% y que, según la ministra, beneficiará los colectivos con mayor necesidad, cubiertos por el PAE y PREPARA, durante 6 meses. El objetivo es evitar la desprotección de este colectivo cuando finalice el plazo de ambos programas de protección por desempleo el próximo 30 de abril.

Los Presupuestos también prevén la creación y puesta en marcha de la Tarjeta Social Universal, un documento que aumentará la transparencia, conducirá a una mayor simplificación administrativa y reducirá las cargas para el ciudadano. La Tarjeta responde al mandato de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, en la que colaboran el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las Comunidades Autónomas, la Federación Estatal de Municipios y Provincias y los Interlocutores Sociales.

La lucha contra el fraude se verá potenciada con la incorporación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante 2018 de 3.000 personas entre Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo.

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