Destapado fraude a la Seguridad Social

Las investigaciones se iniciaron en 2017 cuando la TGSS envió denuncias a la Policía Nacional, que realizó investigaciones en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, ​​Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.

La operación supuso la revisión y análisis de 22 expedientes que afectaban a 17 provincias de 11 comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude en las cotizaciones), frustración con la ejecución, fraude en la Seguridad Social (fraude en las prestaciones), falsificación, fraude, insolvencia punible, blanqueo de capitales y agrupación organizada, por importe de 27, 5 millones de euros.

En cuanto al autor material del crimen, tiene como principales responsables a los cabecillas de facto de las empresas pero también a sus cabecillas, que eran unos trabajadores confabulados, y familiares de los primeros, según informó la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

Modus operandi

En cuanto a la defraudación, se centró en evadir el pago de las cantidades adeudadas, para lo que se crearon redes empresariales en las que la actividad societaria figura en uno u otro comercial, según el caso, trasladando la actividad que estaba desarrollando el deudor, así como la elementos patrimoniales al no deudor para continuar la actividad con normalidad.

Otra forma de actuar fue la ocultación de bienes, generalmente a través de sucesivas transferencias de dominio de una empresa a otra, oa familiares o personas de confianza en la trama para entorpecer las labores de recaudación de los distintos organismos de la TGSS; precintado de bienes incautados; denuncias falsas relacionadas con el robo de bienes incautados; o desaparición ‘accidental’ de los bienes incautados, entre otros.

Uno de los casos más característicos de esta operación es el relativo a una investigación en Maspalomas, (Las Palmas), donde dos ciudadanos españoles suplantaron la personalidad de administradores y representantes de dos sociedades con actividad real y sede en la isla de Gran Canaria. En este caso se les atribuyó las facultades que no tenían y obtuvieron autorizaciones en RED, CONTRAT@ y CERTIFIC@ para poder tramitar el registro de trabajadores de manera ilegal y salir ilesos en caso de que se realizara tal simulación. detectado.

Finalmente, nueve personas han sido detenidas por diversos delitos de falsedad y contra la Seguridad Social, y otras 11 personas que no se encontraban en España han sido investigadas por los mismos hechos, de lo que se ha informado al Juzgado correspondiente.