40 años de Servicio Público de Empleo en España

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La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, con los directivos

Los inicios: el INEM, más que una entidad gestora de prestaciones por desempleo

Dentro del conjunto de reformas acometidas en la Transición, el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, ocupa un lugar central en el campo de la organización institucional de la política de empleo en España. Mediante esta norma se creó el entonces denominado Instituto Nacional de Empleo (INEM), rebautizado, durante quince años, como Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que supone un hito en la historia del sector público de nuestro país. Según la exposición de motivos de dicha norma, la creación del INEM supuso la asunción de “responsabilidad del Estado en problemas complejos como el del empleo”, a través de un órgano que haría “operativas y congruentes con una política integral de empleo” dentro de el gran pacto de concertación social que supusieron los Pactos de la Moncloa.

En ese momento, el INEM integró el extinto Servicio de Acción para el Empleo y la Formación, Promoción Profesional del Trabajador y la Obra de Formación Profesional de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, convirtiéndose en un servicio nacional, público y gratuito, convirtiéndose, a su vez, en el entidad encargada de la gestión de las prestaciones por desempleo, antes gestionadas por la Seguridad Social, combinando e interrelacionando desde entonces las políticas activas y pasivas de empleo. Sus funciones incluían, por tanto, una concepción integral de la política de empleo, mostrando la vocación del sistema democrático, consagrada en la Constitución, de promover el progreso económico y social desde las instituciones.

A efectos prácticos, lo anterior supuso que el INEM pasara a desempeñar un papel de apoyo a la búsqueda de empleo por parte de los trabajadores y de ayuda a las empresas en la captación de trabajadores adecuados a sus necesidades, fomentando el empleo, la formación de los trabajadores en consonancia con las políticas de empleo, la gestión y el control de las prestaciones por desempleo y, finalmente, cualesquiera otras actuaciones enmarcadas en la política activa de empleo. De esta forma, la promoción y fomento del empleo adquirió con esta Agencia una nueva dimensión, estructurando un dispositivo institucional que abarcó todo el Estado, aumentando las intervenciones sobre el mercado de trabajo, destinadas tanto a mejorar su eficiencia como a optimizar las oportunidades. en el acceso al empleo.

Este proyecto colectivo cuenta, desde sus inicios, por la propia naturaleza de la organización institucional del empleo, con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, encarnando su carácter plural e integrador, así como la voluntad de aunar en su gestión. participación y eficacia, a través de la incorporación de los agentes sociales a los Órganos de Gobierno de la Agencia.

La gran transformación: del INEM al SEPE y la creación del Sistema Nacional de Empleo

Si ha habido un cambio trascendental en estos 40 años en el ámbito de la política de empleo ha sido sin duda el relacionado con el proceso de descentralización emprendido con el traspaso de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas (CC .AA.). El proceso, iniciado en 1991, con los traspasos en materia de gestión del entonces denominado Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, será seguido en los siguientes 20 años de traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas. en el ámbito de la aplicación de la legislación laboral en el ámbito de las políticas de empleo. De acuerdo con esa división de competencias prevista en nuestra Constitución, las Comunidades Autónomas. Junto a la formación de desempleados, asumieron competencias como la inserción y orientación laboral, los programas de fomento del empleo, el cumplimiento, registro y comunicación de contratos, así como la gestión de subvenciones a la contratación.

En consecuencia, de acuerdo con nuestro texto constitucional, corresponde a la Administración del Estado la gestión y desarrollo de los servicios y programas de políticas activas de empleo en territorio no cedidos (Ceuta y Melilla), así como los gestionados por la reserva de gestión y no cedidos. programas transferibles a las Comunidades Autónomas, incentivos al empleo a través de bonos de contratación y acciones formativas realizadas por las empresas para sus trabajadores. Para articular esta compleja división de competencias, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, diseñó la adecuación de la política de empleo al reparto constitucional mediante la creación del Sistema Nacional de Empleo (SNE), que también supuso el cambio de denominación del INEM para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Así, el SNE está integrado en la actualidad por el SEPE y los 17 Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, que integran en su estructura a más de 23.000 profesionales (8.000 en el SEPE y 15.000 en los servicios públicos de empleo autonómicos), dedicados a proporcionar una servicio de calidad en el ámbito laboral con vocación de servicio a la ciudadanía. Junto a ellos, y para la mejor articulación del sistema, se crearon los órganos de la SNE: por un lado, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que es el instrumento general de colaboración, coordinación y cooperación entre las distintas entidades territoriales administraciones implicadas en la política de empleo y formación profesional para el empleo; por otra parte, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, órgano consultivo y de participación institucional en materia de política de empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

El SEPE se sitúa en el epicentro del SNE. Como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tiene encomendada la gestión de las prestaciones por desempleo y la organización, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de política de empleo. La Agencia, junto con sus Servicios Centrales, está formada por una red territorial de 711 oficinas, distribuidas por las provincias del Estado español. El presupuesto del SEPE asciende en la actualidad a casi 24.000 millones de euros, cifra que da cuenta no sólo de su enorme relevancia en el sector público sino también de la importancia de su función social y de servicio público esencial.

No cabe duda de la importancia del SEPE en el SNE. En particular, ha sido un colaborador constante en el desarrollo de la política de empleo, en la gestión del sistema de protección por desempleo y en la promoción de la información sobre el mercado laboral y la mejora del capital humano. Para ello, en la prestación de sus servicios, se guía por varios principios básicos que informan su funcionamiento:

  • Cultura de servicio a la sociedad española, centrando su actuación en la satisfacción de las necesidades de la población activa de la forma más eficaz posible, con el no despreciable presupuesto que los destinatarios de los servicios de los SEPE son muy variados, abarcando ocupados, desempleados, emprendedores, pymes, grandes empresas, jóvenes, parados de larga duración, colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión, etc. La mejor atención a usuarios tan heterogéneos da idea de la capacidad y profesionalidad de quienes integran esta unidad.
  • Transparencia, que se traduce en una comunicación fluida y permanente, ad intra y ad extra, manteniendo canales estables de comunicación con toda la red del SNE y con el conjunto de la ciudadanía.
  • Colaboración ágil y eficaz con los diferentes agentes del SNE, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos, identificando necesidades en la oferta y demanda de trabajo, diagnosticando déficits del sistema y fomentando buenas prácticas que suelen ser compartidas para aumentar la calidad general del servicio.
  • Simplificación y racionalización organizativa, lo que ha propiciado que el SEPE haya venido actuando decididamente a favor de la calidad de la gestión, tratando de potenciar su capacidad innovadora.

Por tanto, más que un acto de obligado cumplimiento, es de justicia y sincero agradecimiento en este ejercicio de balance y conmemoración con motivo de este 40 aniversario, para poner en valor y reconocer el largo camino recorrido y la actualidad del SEPE. , en un doble sentido. Por un lado, desde el punto de vista externo, a través del servicio a los ciudadanos en el ámbito de las políticas que configuran e identifican el Estado Social y de Bienestar que constitucionalmente caracteriza a nuestro país, siendo la política de empleo uno de los motores más potentes para impulsar la cohesión económica y social de la sociedad española. Por otro lado, desde una perspectiva interna, cabe destacar el enorme valor añadido del SEPE en cuanto a las personas que trabajan por él y para él. El alto compromiso y vocación de servicio demostrado por los empleados públicos del SEPE en todo tipo de escenarios y ciclos económicos desarrollados en las últimas cuatro décadas, cuyo reconocimiento apenas compensa su ejemplar labor y el importante aumento de la eficiencia de sus procesos, son prueba de la responsabilidad gestión y garantía del futuro de este imprescindible servicio público. El personal del SEPE ha demostrado su gran profesionalidad y buen hacer a lo largo de los últimos cuarenta años, y desde aquí quiero mostrar mi satisfacción y expresar el agradecimiento público e institucional a ellos y ellas, así como aprovechar para felicitarles por este éxito. y animarlos a seguir asegurando nuevos logros y metas para los próximos años.

Yolanda Valdeolivas García, Secretaria de Estado de Empleo

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