Tal día como hoy, hace exactamente 25 años, el Congreso de los Diputados aprobaba un documento de “Análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y las principales reformas que habrá que acometer” aprobado previamente por la Comisión de Presupuestos. Esta aprobación tiene su origen en un proyecto de ley no de Convergencia y Unión (CiU) para la inclusión de un documento sobre el tema de la Seguridad Social en la Comisión de Presupuestos del Congreso.
Así nació lo que todos conocemos como él pacto de toledouno de los grandes acuerdos de nuestra democracia.
Este gran consenso, alcanzado en un momento muy convulso de la política española, debe su nombre a que se fraguó en una reunión en el Parador de la capital castellano-manchega entre representantes del Partido Socialista, Partido Popular, CiU e Izquierda Unida, en el que cristalizó un objetivo: excluir de la polémica partidista al sistema de protección social, en busca de mayor grado de consenso posible al emprender reformas en el sistema.
El documento aprobado el 6 de abril de 1995 en el Congreso describe la evolución del sistema de pensiones español, cuáles son los factores futuros que podrían afectar a dicho sistema y propone una serie de quince recomendaciones en un momento en que el sistema era bastante extenso y bien configurado, con más funcionalidades y nuevas coberturas, pero con dudas sobre el modelo de financiación.
En este acuerdo, los agentes sociales y todos los grupos parlamentarios, fortalecer y reafirmar el carácter contributivo y solidario del Sistemala reconocen como la más adecuada para dar protección y cobertura a la sociedad española y se comprometen a defenderla.
Sus primeras recomendaciones se reflejan en el Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997 que, entre otras medidas, fija el plazo para el cálculo de la pensión en 15 años, la actualización con el IPC de las bases de cotización de los años más lejanos a la edad de jubilación, o la necesidad de constituir reservas para el sistema cuando tiene excedentes (fondo de reserva semilla).
Comité de Seguimiento
Luego de su aprobación, instruye al Congreso a elaborar un documento sobre la evolución del sistema de pensiones, el cual será conducido a través de una Comisión No Permanente que se reunirá periódicamente para discutir la evolución del sistema. Esta Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo inició sus funciones en 1999 y es la encargada de emitir recomendaciones sobre posibles nuevas reformas.
En 2003 se incorporaron por primera vez nuevas recomendaciones, con el objetivo de adecuar el sistema de protección social a las nuevas realidades sociales ya las nuevas demandas. Recomendaciones en materia de igualdad, inmigración, dependencia, discapacidad y nuevas formas de trabajo.
El Pacto de Toledo emite un nuevo informe en 2010, entre sus recomendaciones se encuentran la separación y clarificación de las fuentes de financiación, el mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las pensiones; la modernización de la gestión e información al ciudadano; reforzar la lucha contra el fraude o revisar la edad de jubilación.
A raíz de este informe, un año después, se aprueba la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. Esta norma amplía progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años y pasa a los 25 años a tener en cuenta para establecer la base reguladora de esta pensión.
En la anterior legislatura, la Comisión estuvo muy cerca de aprobar un nuevo informe de recomendaciones para abordar los retos del sistema, que tienen que ver con el envejecimiento de la población y la sostenibilidad.
Con este fin, la Comisión Parlamentaria se ha reconstituido el pasado mes de febrero bajo la presidencia de Magdalena Valerio, con la misión de dar continuidad a esta labor.
Un objetivo que destacó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su comparecencia de principios de marzo, cuando planteó la necesidad de alcanzar un consenso nacional en materia de pensiones que garantice la suficiencia y sostenibilidad del sistema. y eliminar la incertidumbre.
“Esta comisión y el diálogo social son el marco ideal para dar certidumbre al sistema de pensiones”. El ministro señaló entonces el mismo objetivo con el que nació el Pacto de Toledo hace 25 años.
